
Desde la década de los 60, Ecuador ha suscrito 20 acuerdos de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El último fue firmado en septiembre 2020, después de incumplir el acuerdo del 2019. Ahora, con un nuevo gobierno a cargo, se han actualizado (o “flexiblemente recalibrado”, como dicen ellos) los términos del acuerdo del 2020, con nuevas metas y compromisos.
- ¿Qué es lo que se busca con el acuerdo?
El FMI está para ayudar a crear reservas internacionales, es decir, a que se empiecen acumular dólares en el Banco Central. Para esto tienen que entrar más dólares que los que salen. Dado que ellos no son partidarios de medidas heterodoxas, como por ejemplo aranceles a importaciones, el trabajo de ahorrar esas divisas usualmente lo tiene que hacer el Gobierno Central. Hasta llegar a esas metas de ahorro, el FMI presta dinero, en este caso, hasta $ 6.800 millones. Con esto en mente, vamos a ver que nos trae este nuevo acuerdo.
Aunque sea difícil de creer, Ecuador cumplió la gran mayoría de metas de ahorro y de cobertura social del acuerdo del 2020, debido a una recaudación impositiva mejor de la esperada y al aumento del siempre impredecible precio del petróleo, con una balanza comercial positiva. Sí, a los tiempos que se ve a alguien hablando bien del gobierno de Lenín…
- Entonces, ¿cómo se van a generar los ahorros? Simple, la mayor parte recortando gastos y también con un aumento de los ingresos fiscales.
Ingresos: El Ecuador ha tenido un aumento de los ingresos petroleros, que tienen una perspectiva de mantenerse en niveles interesantes por un buen tiempo, lo cual le ha permitido cumplir con el acuerdo y además le permite dejar de lado el políticamente complejo aumento del IVA pactado por el gobierno anterior. Entonces para el aumento de ingresos fiscales el Gobierno va a proceder a aumentar la recaudación del impuesto a la renta personal, eliminando exenciones y ajustando los umbrales de cobro, al mismo tiempo que se van introducir impuestos temporales al patrimonio, tanto de empresas como de personas naturales.
Gastos: Por el lado del gasto público se viene la mayor cantidad de ahorro, especialmente en salarios y en compras públicas. Un gran peso tiene en el acuerdo con el FMI mejorar el sistema de compras y contratación del Estado para lograr fuertes ahorros.
El mayor peso de estos, como por ejemplo los impuestos, recortes en sueldos y en gastos de capital (o sea en inversión pública), se darían en el 2022, con la aspiración de generar más de $ 3 000 millones entre ingresos y recortes de gastos. Solo por impuestos se pretende recaudar más de $ 600 millones para el 2022, mientras que los recortes de gastos de capital, compras públicas y sueldos estarían alrededor de los $ 1 000 millones. El rubro de gasto de capital va a ser uno de los que va a sufrir más recortes. Con esto, el FMI proyecta que se va a poder reducir el déficit fiscal hasta volver superavitario.
El tema de las cuentas por pagar a proveedores del Estado les parece preocupante a los señores del FMI. No entienden cómo puede ser posible que el Estado se demore tanto en ponerse al día con sus proveedores y, según el texto, parece que es una deficiencia en los sistemas de gestión del Gobierno, especialmente a nivel de organismos seccionales. Esperemos que con la actualización de los procedimientos a nivel de Ministerio de Finanzas se pueda determinar con mayor exactitud la cuentas y de esa manera se pueda salir de esas deudas con proveedores.

Otras cosas que llaman la atención, pero no son obligaciones según el acuerdo:
Otros compromisos (no cuantitativos)
A parte de las metas de ahorro del Gobierno Central, que son medibles a través de la reducción de déficits, reducción de deudas y aumento de reservas, el Gobierno también se ha comprometido a metas estructurales, que apuntan a mejorar la transparencia y la gestión del sector público.
Entre las principales encontramos:
Mejora de sistemas de presupuestación y control de la ejecución fiscal de acuerdo al COFLAFIP. |
Publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos para evitar conflictos de interés. |
Reformas al marco legal del BCE de acuerdo a las nuevas leyes. |
Presentar soluciones para el Pago de deudas con proveedores (eterna promesa). |
Publicación de información financiera histórica corregida del sector público no financiero. |
Publicación de auditorías realizadas por contraloría del estado relacionadas a gastos realizados por la emergencia del Covid-19. |
Reformas para cumplir con normas anti lavado y para luchar contra la corrupción en la contratación pública. |
Auditorias independientes de las petroleras. |
Revisar la calidad de los activos de la banca pública. |
Actualizar el registro social para cubrir al menos el 80% de las familias en los últimos deciles de la distribución de ingreso. |
Expandir la cobertura de programas sociales a no menos del 70% de los últimos 3 deciles de ingreso por provincia y a no menos del 65% del primer decil a nivel nacional. |
El rol del petróleo, que nos amarga la vida cuando baja pero que nos da acceso a financiamiento en mejores condiciones cuando sube, sigue siendo preponderante en la economía nacional. Diversificarnos sigue siendo el reto.





