Una moneda es fuerte cuando tiene una alta demanda, es decir, un gran número de agentes económicos la requieren para hacer transacciones. Estas transacciones pueden ser por compras del exterior, por inversión extranjera que llega al país, o por dinero que entra por el consumo de servicios, como serían los servicios bancarios en el caso de un paraíso fiscal.
Esta alta demanda hace que las reservas de divisas del Banco Central vayan creciendo, lo que hace que la moneda local refleje la fuerte demanda por productos y servicios que genera la economía real del país. Esto lo pudimos ver en Latinoamérica durante el boom de las materias primas que duró hasta el 2015, período en que vimos a varias monedas ganar valor frente al dólar, fruto de una fuerte demanda por parte de China.
Pero también hemos visto en Latinoamérica ejemplos de lo contrario. Épocas de vacas flacas donde los precios de las materias primas se deprimen, las exportaciones bajan junto con devaluaciones de la moneda que ponen en serios aprietos tanto al sector privado como el público, con el peligro de quedarse sin divisas en la reserva monetaria para cumplir con el pago de la deuda externa y sin poder cumplir con el pago de las importaciones esenciales.
En estos casos es cuando usualmente se acude al FMI, para que, en teoría, ayude a apuntalar la reserva monetaria con divisas frescas para poder pasar la crisis, junto con reformas que apuntan al fortalecimiento de las reservas monetarias de un país (objeto de grandes polémicas, por ponerlo bonito) y a la estabilización de su moneda. Por esta razón es que formalmente un acuerdo con el FMI implica una transacción con el Banco Central.
En este punto es donde el caso ecuatoriano se vuelve confuso para muchos, dado que el país no tiene moneda propia, por lo tanto, las divisas necesarias para la operación de la economía, tanto para pagar deudas como para las importaciones no dependen de la política monetaria del Banco Central del Ecuador (BCE). De esta manera, si las reservas internacionales del BCE están bajas, no afectan necesariamente la capacidad de la economía de funcionar: La moneda en manos de la gente no baja de valor ni se ve afectada directamente. Como dice el FMI en su informe sobre Ecuador de octubre de 2020 “… las reservas en las economías dolarizadas no son comparables a las de las economías con moneda propia”.
Por eso, algunos aparecieron con el argumento de que, si las reservas internacionales no afectan la economía directamente, lo mejor es usarlas para financiar al Estado central en momentos complicados. Al fin y al cabo, en su mayoría son dólares del Estado y deben de servir para apoyar la gestión del Gobierno. Fue entonces cuando se llenó al BCE de bonos del Estado a largo plazo, concentrando el riesgo en el mismo Estado. Esto debilitaba la capacidad de respuesta del BCE ante una emergencia, dado que, en vez de activos líquidos de la reserva internacional, el BCE tenía Bonos del Estado, que no tienen las mismas facilidades de negociación. Responder ante una eventualidad se vuelve mucho más complicado.
Es este punto es donde vale la pena recordar que el BCE es, al fin al cabo, un banco. Si bien su rol en la política monetaria es prácticamente imperceptible, mantiene depósitos de bancos privados, de empresas públicas, de los gobiernos seccionales, del Gobierno central y, si bien las reservas actuales no son monetarias, tiene el deber de mantener una solidez financiera, en inversiones que le permitan al BCE responder a sus depositantes y usuarios. Después de todo, sigue siendo el Banco de los bancos y por esto debe de ser el más sólido, enfocado tener capacidad de respuesta en tiempos difíciles. A pesar de que estamos dolarizados, sigue teniendo un papel y no lo puede hacer mal.
En este sentido, las políticas de fortalecimiento del BCE, enmarcadas en la Ley de Defensa de la Dolarización aprobada a finales del gobierno anterior con apoyo del FMI, representan un paso en la dirección correcta.
